Descripción de los Hechos
La sentencia analiza el caso de una mujer de 85 años de edad que falleció tras una serie de visitas al hospital por una perforación intestinal que derivó en un shock séptico. La demandante, hija de la fallecida, solicita una indemnización de 52.625,16 € por lo que considera una negligencia médica en la atención recibida por su madre en el Hospital General de Segovia.
El 10 de octubre de 2020, la paciente acudió a urgencias del hospital con fuertes dolores irradiados hacia la zona de la ingle. Tras realizarle radiografías de fémur, pelvis y cadera, los médicos no encontraron lesiones graves, aunque sí signos de artrosis, y presencia de aire en cavidad, la paciente fue dada de alta tras recibir una inyección de morfina para aliviar el dolor.
Sin embargo, el dolor persistió y, al día siguiente, su hija llamó una ambulancia para llevar a su madre nuevamente al hospital. El 12 de octubre, la paciente fue sometida a una cirugía de urgencia debido a una perforación intestinal que, según los médicos, llevaba en ese momento al menos tres días en evolución. Tras la intervención, la paciente permaneció en reanimación, pero falleció el 14 de octubre debido a un shock séptico causado por la perforación.
Argumentos de la Demanda
La hija de la fallecida sostiene que, en su primera visita al hospital, la paciente no recibió la atención adecuada. Alega que los médicos deberían haber realizado pruebas adicionales como análisis de sangre o radiografías de tórax o abdomen, en lugar de limitarse a los estudios de cadera y pelvis. Según la demandante, los médicos pasaron por alto síntomas clave que indicaban una afección más grave, como la presencia de una cantidad significativa de gases en el intestino, que aparecía ya en las radiografías del 10 de octubre. También menciona que su madre vomitó durante la toma de radiografías, lo que debería haber alertado al personal sanitario sobre la gravedad de la situación.
La demandante considera que esta falta de diligencia y la omisión de pruebas más específicas llevaron a un diagnóstico erróneo, lo que retrasó el tratamiento adecuado y resultó en la muerte de su madre.
Conclusiones del Tribunal
El tribunal, tras analizar los hechos y las pruebas presentadas, concluye que la peritonitis que causó la muerte ya estaba presente cuando acudió por primera vez al hospital el 10 de octubre de 2020, precisamente por la existencia de aire que reflejaban las pruebas de imagen. Aunque la aseguradora defendía que se trataba de dos afecciones diferentes (una relacionada con la artrosis y otra con la perforación intestinal), el tribunal considera más creíble la versión de los peritos de la parte actora, que afirmaron que la peritonitis ya estaba en evolución en esa primera visita.
Se destaca que las radiografías del 10 de octubre mostraban un patrón de gases intestinales que, aunque no fueran las proyecciones más adecuadas para detectar una perforación, deberían haber levantado sospechas y llevado a la realización de pruebas más específicas, como una radiografía abdominal o un análisis de sangre, que habría detectado la infección. Además, el tribunal señala que la paciente era una persona de 85 años, pero independiente, lo que hace que la presencia de gases en su abdomen fuera un indicio anómalo que debía ser investigado.
El tribunal también considera que los médicos debieron haber explorado más a fondo la zona abdominal, dado que los dolores que presentaba la paciente en la ingle podían estar relacionados con una patología en esa área. Aunque la paciente tenía artrosis, no había reportado caídas o golpes que justificaran su dolor, lo que debería haber motivado una mayor indagación por parte del equipo médico.
Deficiencias en la Asistencia Médica
El tribunal concluye que hubo una deficiencia clara en la asistencia sanitaria prestada a la paciente, ya que no se realizaron las pruebas necesarias para detectar la perforación intestinal en su primera visita. Aunque las imágenes tomadas no eran las más indicadas para diagnosticar una peritonitis, sí mostraban signos que debían haber llevado a los médicos a realizar investigaciones adicionales. Esta omisión resultó en un diagnóstico erróneo y un retraso en la intervención quirúrgica que, según el tribunal, contribuyó al fallecimiento de la paciente.
El tribunal establece que la administración demandada es responsable por no actuar conforme a la lex artis, es decir, las buenas prácticas médicas exigibles en este tipo de casos, y que dicha negligencia tuvo un impacto directo en el fatal desenlace, por lo que condena a la Comunidad de Castilla y León y a su aseguradora SHAM.
Acceda a la sentencia completa AQUÍ
